La Corte Suprema de Estados Unidos respaldó la norma de Biden que prioriza la deportación de migrantes peligrosos o capturados en la frontera, desestimando la demanda de Texas y Luisiana.
Esta decisión supone una victoria para el gobierno demócrata, que ha cambiado la política migratoria respecto a la presidencia de Trump.
Pero ¿qué impacto tiene la decisión en los migrantes, especialmente para los cubanos? Quédate y LEE.
La Corte Suprema desestima la demanda de los estados republicanos
Los estados de Texas y Luisiana presentaron una demanda contra las políticas de deportación de Biden de febrero de 2021, alegando que violaban la ley federal y perjudicaban sus intereses. Sin embargo, la Corte Suprema rechazó el caso, dejando en vigor la norma de Biden.
Los argumentos de Texas y Luisiana
Los estados republicanos argumentaron que la norma de Biden les causaba daños irreparables, al permitir que miles de migrantes indocumentados permanecieran en sus territorios, aumentando los costos de salud, educación y seguridad pública. También afirmaron que el gobierno federal estaba incumpliendo su deber de hacer cumplir las leyes de inmigración y proteger las fronteras.
La sentencia del juez
El juez conservador Brett Kavanaugh escribió la sentencia, en la que afirmó que los demandantes no tenían la capacidad legal para presentar una demanda contra el plan, y que era una demanda “extraordinariamente inusual” que buscaba “ordenar al poder ejecutivo que modificara sus políticas de detención para realizar más arrestos”.
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Además, señaló que los tribunales federales normalmente no escuchan casos de este tipo, ya que hay otros medios para que los estados expresen sus preocupaciones, como el Congreso o la administración.
De qué va la norma de Biden que cambia la política de deportación de migrantes
La norma de Biden, promulgada en enero de 2021, establece que el proceso de deportación se debe enfocar en aquellos migrantes que representen un mayor peligro para la seguridad pública o hayan sido capturados en la frontera.
Esta norma modifica la política migratoria anterior, que ordenaba la deportación de todas las personas sin autorización legal.
La directiva del Departamento de Seguridad Nacional (DHS) de septiembre de 2021 especifica los criterios para determinar quiénes son prioritarios para la deportación. Según esta directiva, solo se debe deportar a los individuos que hayan cometido actos de terrorismo, espionaje o constituyan una amenaza grave para la seguridad pública.
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También se incluyen a los migrantes que hayan sido detenidos al intentar cruzar ilegalmente la frontera después del 1 de noviembre de 2020.
La directiva de Biden actualizó la política de deportación de la presidencia de Trump, que ordenaba la deportación de todas las personas sin autorización legal, independientemente de su historial penal o sus lazos comunitarios.
La política de Trump generó críticas por parte de organizaciones defensoras de los derechos humanos y grupos proinmigrantes, que denunciaron abusos y violaciones a las garantías legales. Además, se cuestionó su efectividad para reducir el número de migrantes indocumentados.
Las implicaciones y las reacciones a la decisión
Para que te quede claro: Si la administración Biden quiere (aún no se han pronunciado) establecerá prioridades en la deportación, haciendo que ICE se encargue primero de:
- Quienes representan un peligro para la seguridad nacional o pública.
- Los migrantes que cometieron delitos;
- Y los que acaban de cruzar la frontera.
El impacto en los migrantes indocumentados que puede beneficiar a los cubanos
La decisión de la Corte Suprema tiene implicaciones importantes para los millones de migrantes indocumentados que viven en Estados Unidos, así como para el debate político sobre la reforma migratoria.
La norma de Biden ofrece una mayor protección a los migrantes indocumentados que no tienen antecedentes penales graves ni han sido capturados en la frontera recientemente. Estos migrantes podrán permanecer en el país mientras esperan una posible regularización o una solución legislativa.
Te darás cuenta entonces del beneficio de la medida; pues con la reanudación de los vuelos de deportación entre Cuba y EEUU han regresado al Archipiélago personas que no cumplían estos requisitos.
Sin embargo, esto no significa que estén exentos del riesgo de deportación, ya que el gobierno federal puede ejercer su discreción para aplicar la ley en casos individuales.
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Además, la norma de Biden no afecta a los procesos de deportación que ya están en curso o a las órdenes de expulsión emitidas anteriormente. Por lo tanto, los migrantes indocumentados deben seguir cumpliendo con sus obligaciones legales y buscar asesoría jurídica si es necesario.
Las opiniones del gobierno y la oposición
La decisión de la Corte Suprema fue celebrada por el gobierno de Biden, que defendió su norma como una medida necesaria para administrar de forma eficiente y humana el sistema migratorio. El gobierno alega que no tiene suficiente presupuesto ni personal para deportar a las 11 millones de personas que viven ilegalmente en el país, y que debe priorizar a los casos más urgentes y peligrosos.
Por el contrario, la oposición republicana criticó la sentencia y acusó al gobierno de Biden de debilitar la seguridad nacional y fomentar la inmigración ilegal. Los estados demandantes expresaron su decepción y anunciaron que seguirán luchando contra las políticas de Biden en otros frentes. Asimismo, pidieron al Congreso que apruebe leyes que refuercen el control fronterizo y la aplicación de las leyes de inmigración.
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